El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional —CPI—, el senegalés Mame Mandiaye Niang, tiene en sus manos la decisión de emitir una orden de detención contra Nicolás Maduro, investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. Esto significaría que se recabaron la información, los testimonios y las evidencias suficientes que confirman la existencia de un patrón sistemático de represión en el país, atribuible directamente a la cadena de mando que encabeza el líder socialista.
Así lo explicó a El Nacional la abogada Soranib Hernández, quien reveló que se entregaron al tribunal testimonios no solo de víctimas, sino también de victimarios, personas que estuvieron en los más altos niveles del régimen chavista y que declararon sobre el macroestructura represiva en Venezuela. “(Las fuentes) entregaron información de muy alto nivel que evidencia que había un plan y una planificación de perseguir, castigar, reprimir y estigmatizar a la población civil”.
Esta semana, el fiscal Karim Khan se apartó oficialmente de su cargo mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas investiga las denuncias en su contra por presunto acoso sexual. Según Hernández, Mame Mandiaye Niang asumió el caso Venezuela I el año pasado, cuando se conocieron esas acusaciones. Es decir, el proceso por las violaciones de derechos humanos en el país no se ha detenido.
Sin plazos y con presión política: la CPI bajo la lupa
Sin embargo, no hay una fecha definida para conocer los resultados de las averiguaciones ni si se emitirá una orden de arresto contra Maduro. Es este, explicó la abogada, uno de los obstáculos más grandes porque la corte no tiene plazos procesales definidos y el peso de la decisión ya recae sobre el fiscal, que tiene el monopolio de la acusación penal.
Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, está a cargo del caso Venezuela I. Foto: CPI
“Este fiscal adjunto tiene en su mano una oportunidad histórica y que, por su propio mérito profesional, pase a la historia como un fiscal que hizo lo que tenía que hacer. Está en manos de él que avance la investigación. Si no, tendrá una mancha en su expediente y definitivamente la Corte Penal Internacional perderá su credibilidad”, dijo.
Graves consecuencias para la Corte Penal Internacional
Si eso sucede, advirtió la abogada, muchos Estados parte podrían salirse del tribunal y las pruebas comenzarían a perderse porque, mientras más tiempo pase —argumentó—, las víctimas dejarían de testificar por miedo, cuestionarían si realmente habrá justicia en el caso de Venezuela o si deberían seguir colaborando.
Soranib Hernández cuestionó la dilación en el caso de Venezuela. Foto: El Debate
Incluso, señaló que hay víctimas de la represión que murieron o familiares que decidieron retirar sus declaraciones.
Hernández subrayó que el fiscal no comenzó con sus propios criterios y desde cero la investigación porque hay un avance y existen informaciones confiables y verificadas. Y rechazó cualquier idea de parcialización por la nacionalidad de Mandiaye. “Él no está representando a Senegal, sino a un fiscal de una corte internacional. La Fiscalía de la CPI es un órgano independiente. Pero el criterio del fiscal debe ser que, si están todas las condiciones, puede avanzar con las órdenes de detención”.
Años con Nicolás Maduro, meses con Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu
A diferencia del caso venezolano, Karim Khan ordenó de forma expedita los arrestos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el conflicto en Gaza, y del presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania.
La experta, que no se explica las razones por las que no se ha tenido esa determinación con el líder socialista, cuestionó que el fiscal en licencia haya priorizado una investigación sobre la otra y afirmó que la situación de Venezuela, aunque no está en guerra, es grave porque se han cometido crímenes de lesa humanidad.
“Sabemos que los casos de Ucrania e Israel son de crímenes de guerra, donde hay violaciones gravísimas del derecho internacional humanitario. Pero el caso de Venezuela es también grave, con crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no podríamos hablar de que se priorice una investigación sobre la otra”, expresó.
El fiscal en licencia Karim Khan está temporalmente separado de su cargo. Foto: Peter Dejong / AFP
Karim Khan “no otorgó justicia ni reparación” a las víctimas
En opinión de Hernández, Khan no hizo su trabajo al no otorgar justicia ni reparación a las víctimas del madurismo.
“Si Karim Khan dio órdenes de detención exprés contra Putin y Netanyahu, no hay ninguna razón para la dilación procesal en el caso de Venezuela. Están dadas todas las condiciones para que se produzca la orden de detención de la CPI contra Maduro. Por eso el fiscal adjunto de la CPI, asumiendo las facultades de la oficina de la Fiscalía, tiene el deber de otorgar justicia y reparación a las víctimas de lesa humanidad en Venezuela”, afirmó.
Recordó que en otros casos, como el de Myanmar, Fatou Bensouda, exfiscal de la Corte Penal Internacional, inició investigaciones basándose únicamente en informes de misiones de expertos de la ONU, ya que no se le permitió el ingreso al país para realizar observaciones directas. En contraste, en contextos como el de Ucrania, el fiscal Karim Khan y su equipo sí pudieron acceder al territorio gracias a la cooperación del gobierno.
“¿Qué pasa cuando un régimen no lo deja entrar? Tendrá que basarse en esos informes. Pero en Venezuela es peor porque Karim Khan estuvo en el país tres veces”, señaló.
Karim Khan junto a Nicolás Maduro en su última visita a Venezuela, en abril de 2024. Foto: Prensa Miraflores
“Dejó un velo de falta de transparencia y de parcialidad”
“Esas cuestiones despertaron una especie de desconfianza, además de esa excesiva cortesía. Él es un fiscal que está investigando y si le dio la mano a un investigado, también tuvo que hacerlo con una víctima. Esa excesiva cortesía cayó muy mal. No solo a las víctimas y a los familiares, sino a todas las personas que estamos trabajando en esto. Y desde el punto de vista de ética no se corresponde con la actitud de un fiscal. Dejó un velo de falta de transparencia y de parcialidad”, criticó.
La Misión de Determinación de los Hechos ha documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados promadurismo. Incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros tratos crueles, que forman parte de un plan coordinado para silenciar a opositores políticos o personas percibidas como tales.
La represión no fue aislada, estaba planificada
En ese contexto, la abogada insistió en que lo ocurrido en el país no fueron excesos puntuales o de incidentes aislados, sino un patrón estructurado.
“Había una planificación, el Plan Zamora se había desarrollado. Hubo crímenes de lesa humanidad que no eran aleatorios, no es que a un policía se le fue una bala, no. Todo estaba planificado, escrito y documentado. Era suficiente cantidad de información como para justificar que se iniciara la investigación, porque ya veníamos de un examen preliminar”, expresó.
El régimen de Nicolás Maduro lanzó una cruenta represión durante las protestas de 2017. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP
En noviembre pasado, Soranib Hernández solicitó ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, junto con un grupo de expertos, el cumplimiento del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la CPI para que se dictara una orden de detención contra Maduro.
Indicó que el acuerdo contempla la cooperación y la asistencia institucional entre ambas instancias, y permite que Europa provea recursos a la Fiscalía de la CPI para avanzar en sus investigaciones. Dijo que el año pasado el fiscal en licencia solicitó al bloque un fondo fiduciario, que le fue otorgado, y el acceso a satélites para verificar información y reconstruir contextos de violencia.
Cuestionó que, a pesar de que se le proporcionaron esos recursos técnicos y financieros, la investigación sobre Venezuela no avanzó con celeridad.
Las apelaciones presentadas por Venezuela también contribuyeron a dilatar el proceso judicial.
En particular, el régimen de Maduro interpuso recursos contra la reanudación de investigaciones por crímenes de lesa humanidad, argumentando que las denuncias debían resolverse en el sistema judicial venezolano. Sin embargo, la Sala de Apelaciones del tribunal rechazó esas impugnaciones y confirmó la continuación de la investigación.
La posible orden de detención contra Maduro no cambiaría la realidad de Venezuela
Aunque muchos ciudadanos esperan que la CPI emita una orden de detención inmediata contra Maduro, ese eventual escenario no cambiaría por sí solo la realidad en Venezuela. Para que tenga un efecto real, las fuerzas de seguridad internas deberían ejecutar la orden, o tendría que ocurrir una situación excepcional, como la que enfrentó el empresario colombiano Alex Saab, quien fue arrestado en Cabo Verde tras un aterrizaje de emergencia.
Nicolás Maduro intentó frenar la investigación en su contra. Foto: Prensa Miraflores
“Pero que haya una orden de detención es histórico porque se daría respuesta a las víctimas de violación de los derechos humanos, tanto quienes están en Venezuela como quienes han tenido que salir del país. La orden de detención significa que vamos bien y que el próximo paso es el juicio, donde se atribuye la responsabilidad penal. Eso también brinda satisfacción”, manifestó la experta.
Explicó que cuando un Estado es declarado responsable por violaciones de los derechos humanos, asume dos obligaciones fundamentales: ofrecer una reparación económica a las víctimas o sus familiares, especialmente en casos donde las secuelas impiden a la persona seguir con su vida normal, y la reparación moral (como disculpas públicas por parte del Estado o erigir monumentos en honor a las víctimas).
Además, en el ámbito de la CPI, señaló la existencia de un fondo fiduciario al que pueden acceder las víctimas una vez que el caso entra en fase de juicio. Con este fondo, se intenta atender necesidades derivadas del daño sufrido y, aunque la justicia no puede revertir las pérdidas humanas, la abogada considera que estas acciones refuerzan la sensación de que se ha hecho justicia.
Una lucha titánica y a largo plazo
Soranib Hernández reconoció asimismo que existe una fuerte sensación de frustración entre la población, que expresa dudas sobre la utilidad de los mecanismos internacionales y cuestiona la falta de respuestas. Señaló que es comprensible que la gente manifieste su malestar y enfatizó la importancia de mantener la calma y la determinación.
La represión en Venezuela en 2014 y 2017 dejó miles de víctimas en Venezuela. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP
En su opinión, lo que se está haciendo es lo que está al alcance, en una lucha que describió como extremadamente difícil. Asimismo, insistió en que, ante la ausencia de justicia en Venezuela, se debe seguir apostando por instancias internacionales como la justicia universal y la Corte Penal Internacional, ya que representan la única vía posible.
“Tenemos que aceptar que es una lucha titánica”, reconoció.
Hernández instó a confiar en que el nuevo fiscal adjunto de la CPI cumplirá con su deber institucional de garantizar justicia y reparación, una obligación que –según subrayó– no depende de la voluntad individual ni de beneficios personales, sino de los principios de la Justicia Penal Internacional. Aseguró además que se está trabajando intensamente dentro y fuera del país, y recordó que quienes están en el exilio también asumen riesgos.
“En la Corte Penal Internacional hay una cantidad de instituciones y organizaciones internacionales que están remando junto con nosotros. Los venezolanos deben saber que no están solos, que hay instituciones, organizaciones internacionales, profesionales”, concluyó.
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