
Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, de 39 años, sigue en estado crítico tras el atentado del sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá, mientras realizaba un acto de campaña. El atentado se dio en medio fallas en el esquema de seguridad del candidato, que están bajo investigación.
Fue herido en el cráneo y en la pierna izquierda por un adolescente de 14 años que fue capturado pocos minutos después de dispararle con un arma procedente de Estados Unidos. El menor de edad disparó 8 veces y lesionó a otras dos personas.
Mañana el menor será imputado y la Fiscalía, junto con la Policía Nacional, anunció que ya ha adelantado varias actividades investigativas para dar con los autores intelectuales del atentado.
“Buscamos una cadena de responsabilidad completa”, dijo la fiscal general Luz Adriana Camargo. La investigación aún no tiene avances importantes sobre quién ordenó el atentado.
Esto es lo que se sabe:
El autor material
El menor de 14 años fue capturado a pocas cuadras del parque El Golfito donde le disparó a Miguel Uribe. Vive en el barrio Villas de Alcalá de la localidad de Engativá en la casa de una tía materna. Su mamá falleció hace 10 años, cuando tenía 23 años, y el papá vive en Polonia.
Según dijo el presidente Petro, estuvo en el programa “Jóvenes en Paz”, pero duró “solo dos meses”, “no asistió a ninguna clase” y “se retiró voluntariamente”.
El director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Javier Palacios le dijo a Caracol Radio que el pasado 26 de mayo su equipo le ofreció ayuda a través de su modelo pedagógico pero la rechazó. El Distrito lo había catalogado con riesgo de habitabilidad de calle.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que aunque estaba matriculado en el colegio “en los últimos días había dejado de ir porque había tenido problemas”.
Mientras trataba de huir fue herido en la pierna por uno de los miembros del equipo de seguridad del senador. Fue ingresado a una clínica y tras ser intervenido, el domingo a medianoche se realizó la audiencia de legalización de captura del menor.
Para mañana a las 9 de la mañana fue programada la audiencia en la que le imputarán cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Será juzgado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa) y la pena máxima a la que puede enfrentarse son 8 años. Podría reducirse si entrega información valiosa.
El menor dijo que colaborará
En uno de los videos difundidos en redes sociales del momento en que inmovilizan en el piso al menor de edad se le escucha decir: “póngame atención y le explico”. Uno de los hombres que lo rodea le pregunta quién lo mandó y responde “el man de la olla (…) yo les digo quién fue, yo les puedo dar los números”.
En ese mismo video, en el que queda registrado como un hombre lo patea la cara, le preguntan si tiene el celular y responde que no. La Fiscalía General también confirmó que al momento de la captura no tenía celular, pero como en videos de cámaras de seguridad en momentos previos al atentado aparece con celular, la ubicación del dispositivo hace parte de la investigación.
“Lo que hemos encontrado es que él está en total actitud de colaboración”, dijo la directora del Icbf, Astrid Cáceres.
¿Qué ha hecho la Fiscalía?
La fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseguró en rueda de prensa que desde el momento del atentado se activaron equipos de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Hasta ahora la Fiscalía, en colaboración con la Policía Nacional, ha revelado que:
- El arma usada por el menor es una Glock calibre 9 milímetros que fue comprada originalmente en Arizona, Estados Unidos, por un hombre llamado Charles Joe Anderson al distribuidor Aji Port el 6 de agosto del 2020.
- Hubo dos allanamientos en la casa de la tía del menor y de la abuela del menor en el barrio Villas de Alcalá, de la localidad de Engativá en Bogotá.
- Se han realizado 23 entrevistas a personas que estuvieron en el mitin en el parque El Golfito del barrio Modelia.
- Hay 80 agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, estableciendo si el arma fue usada en otros crímenes.
- Hay 180 hombres de la Dijin y de otras unidades trabajando en el caso.
- Se están analizando más de 1000 videos tanto de cámaras de seguridad como publicados en redes sociales. Hay algunos que, de acuerdo con las declaraciones oficiales, han sido editados o están manipulados con Inteligencia Artificial.
- Ya lograron establecer el recorrido del menor desde su residencia hasta el lugar de la concentración donde cometió el crimen.
- Analizaron el recorrido del esquema de seguridad de Miguel Uribe para determinar si había estado sometido a vigilancia. La Fiscalía aseguró que “se ha avanzado mucho, y ya tenemos claridades respecto este tema”, pero no dio detalles.
- Sandra Beatriz Castillo, mujer que conversó con el menor minutos antes del atentado, fue descartada como cómplice del crimen. Castillo se acercó voluntariamente a rendir su versión y la Fiscalía concluyó que “se muestra ajena a los hechos; es probada su presencia en el lugar porque es propietaria de una miscelánea en Modelia”.
- Cuatro policías que hacían parte del equipo de seguridad de Miguel Uribe serán llamados a rendir versión.
- Las redes sociales del menor están siendo analizadas.
Las líneas de investigación:
Las autoridades no han sido específicas en cuántas líneas de investigación están trabajando, pero por ahora se han referido a que están tratando de establecer:
La participación de una red dedicada al sicariato: Según dijo la Fiscal Camargo, se presume que el menor “fue captado por una red ilegal probablemente dedicada al sicariato y por eso aparece involucrado en este hecho, esa es una de las líneas en las que venimos trabajando”.
Grupos armados al margen de la ley y narcotráfico: Sobre esta línea no ha habido mayores detalles oficiales, pero desde todas las orillas políticas ha habido acusaciones en torno a que grupos armados ilegales estarían vinculados.
El presidente Gustavo Petro habló de que una de las hipótesis es que el atentado “provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular”.
Por otro lado, precandidatos presidenciales han lanzado hipótesis contradictorias sobre los autores intelectuales del atentado. Mientras la precandidata presidencial, Vicky Dávila, dijo que alias Mordisco, disidente de las Farc, estaría detrás, Daniel Quintero, también precandidato presidencial, habló en un video filmado en la Casa Nariño de que era el Clan del Golfo.
Por qué su esquema de seguridad estaba incompleto al momento del atentado
La Unidad Nacional de Protección le asigna a cada congresista dos escoltas y dos camionetas blindadas. Miguel Uribe Turbay había solicitado protección para su familia y según el director de la entidad, Augusto Rodríguez, le habían asignado un escolta adicional.
Tenía un esquema de protección mixto, que incluía los 3 escoltas de la Unidad Nacional de Protección más 4 miembros de la Policía. Según Rodríguez, el sábado 7 de junio se presentó una situación “propia de la dinámica del servicio” y en el momento del atentado había menos personas cuidando al senador.
Según Rodríguez, el senador Uribe había estado trabajando hasta la madrugada de ese día por lo que durante el sábado su equipo de seguridad hizo relevos para descansar. “De ese esquema, las personas tuvieron que ir a descansar, concretamente el de la UNP fue a recogerlo a las 2 de la tarde”. No aclaró cuántos estaban con él en el momento del atentado.
Según trinó el presidente Gustavo Petro, Uribe Turbay estaba con 3 miembros del esquema de seguridad en el momento del atentado.
En todo caso, 7 escoltas no eran suficientes. “Reconocemos que ese número de personas no es suficiente para una persona que es precandidata presidencial y ha iniciado de manera personal sus acciones de proselitismo aunque la campaña no se ha desatado oficialmente”, dijo Augusto Rodríguez.
El equipo de trabajo del senador Uribe compartió una serie de correos donde queda en evidencia que solo durante 2024, el precandidato solicitó 19 veces un escolta y una camioneta para su agenda en distintas ciudades del país. En 2025 hay 5 de esas mismas solicitudes, la más reciente para un viaje a Neiva el 23 y 24 de abril pasado.
La UNP le negó dichas solicitudes argumentando que el convenio que la entidad tiene con el Congreso no cubre viáticos. Solo en una, del 16 y 17 de mayo de 2024 para Barranquilla. La respuesta fue que no había “disponibilidad de talento humano y medios logísticos para las fechas solicitadas”.
El abogado de Miguel Turbay, Victor Mosquera, aseguró en rueda de prensa este lunes que durante 2025 hicieron más de 23 solicitudes a la UNP para reforzar la protección del precandidato presidencial y que la última fue el 5 de junio, 2 días antes del atentado.