Luego de conocerse la condena que llevará a prisión a Cristina Kirchner, las voces del sector empresario se dividieron con claridad: mientras los más grandes, agrupados en las principales cámaras y asociaciones, hablan por lo bajo, comentan en off o se excusan de opinar; los pymes no dudaron en repudiar el fallo y denunciar un golpe a la democracia.
Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), cuestionaron la decisión judicial y exigieron la renuncia “inmediata” de todos los miembros de la Corte Suprema “ante la flagrante agresión a la democracia”.
“Este fallo no es justicia, es una maniobra política del poder económico y de la casta judicial, que pretende disciplinar a la dirigencia popular y condicionar el rumbo democrático de nuestro país. En síntesis, es un GOLPE DE ESTADO JUDICIAL”, advirtieron con mayúsculas desde la entidad que agrupa a más de 300 empresarias y empresarios de 17 provincias.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresó en un comunicado que el fallo de la Corte sume a la Argentina en la inseguridad jurídica y debilita la democracia.
“La entidad lamenta que el dictamen se haya emitido bajo fuertes presiones políticas y mediáticas, y observa que en tales condiciones la Corte resolvió el caso de un modo tan expeditivo como perjudicial para la democracia y la seguridad jurídica de la Nación. Más aún cuando al mismo tiempo, quedaron sin efecto causas que afectan a representantes de los sectores políticos y económicos que hoy festejan el fallo junto con el actual Presidente”, señala Apyme.
El principal problema, advierten desde estas agrupaciones, es la legitimación de un modelo económico que destruye la industria, el empleo y poder adquisitivo para lograr cumplir “el sueño que siempre tuvieron: un país para pocos, al estilo peruano”.
“Lo que hoy ocurre con Cristina es un paso más en el intento de consolidar un régimen económico ajeno a los intereses nacionales y populares, enemigo del desarrollo productivo y de los empresarios pymes, y funcional a la recolonización económica que promueven el FMI, los grandes grupos financieros y sus operadores locales”, remarca Enac.
Mientras algunos celebran el intento de disciplinamiento político y social, las Pymes, las cooperativas, los emprendimientos autogestionados, las economías regionales, jubilados, trabajadores, estudiantes, científicos, médicos y docentes, “no tienen nada que festejar”.
Por el contrario, continúan, seguirán denunciando “la imposición de un modelo económico anti industrial, de endeudamiento, ajuste, fuga de capitales, destrucción del Estado y defección de la soberanía nacional, que no representa los intereses del conjunto de la población sino los de unos pocos grupos concentrados locales y extranjeros”, insistió Apyme y convocó a la unidad para “proponer un proyecto alternativo con eje en el desarrollo nacional y la equidad social”.
El Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M) también manifestó su rechazo al máximo tribunal que “lejos de actuar como garante de la Constitución se deja usar como un mero instrumento de minorías pre democráticas, en un contexto regional de lawfare, ya probado en países hermanos”.
Las empresas nucleadas en el círculo rojo, en cambio, consideran por lo bajo que la sentencia “en principio, no cambia nada en economía”, que el dólar “no se va a mover por este acontecimiento” y que “hasta da mayor credibilidad jurídica”. Pero, sin dudas, la mayoría está en actitud de “desensillar hasta que aclare”, esperando cómo se desencadenarán los próximos días y cuál será el verdadero impacto ante un acontecimiento histórico de trascendencia mundial.
“Este hecho no es una arbitrariedad aislada: es la llaga más repulsiva del deterioro institucional que nos atraviesa, y representa el golpe de gracia al pacto democrático -malherido durante el período 2015-2019 y por el intento de asesinato que sufriera la propia Cristina- que el pueblo argentino asumió con esperanza y determinación en diciembre de 1983″, aseguró el MP25M, donde están agrupados representantes de la industria, la producción, el comercio y los servicios de escala MiPyme.
La Enac evaluó que la condena “no es contra una persona: es contra un proyecto de país. Un país con industria nacional, con trabajo digno, con soberanía política, con justicia social”. Y reiteró el pedido de renuncia de los miembros de la Corte que “se ha convertido en una vergonzosa escribanía de los poderes fácticos”.
La frase “hoy más que nunca levantamos nuestra voz” sintetiza la actitud de un sector del empresariado nacional, clave en el entramado productivo y en la creación de empleo, que ve en el “Cristina culpable” la destrucción del modelo industrial.
