La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su “preocupación” ante lo que considera un intento de restringir el debate y las protestas pacíficas en varias universidades de Estados Unidos. En una declaración a EFE, la portavoz Liz Throssell subrayó que la libertad de expresión “es fundamental para la sociedad, especialmente cuando existen desacuerdos profundos sobre temas importantes”, e instó a no confundir la protesta con incitación al odio o la violencia.
Estas declaraciones se producen tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar el permiso a la Universidad de Harvard para admitir estudiantes extranjeros, medida que afecta a más de una cuarta parte de su alumnado.
La Administración del presidente Donald Trump acusa a la institución de permitir el ingreso de estudiantes con perfiles “antiestadounidenses” o “proterroristas”, vinculándolos con protestas y actividades supuestamente violentas.
Amenazas a la diversidad académica
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, otorgó a Harvard un plazo de 72 horas para entregar vídeos, audios o imágenes de protestas ocurridas en los últimos cinco años y en las que hayan participado estudiantes internacionales con visas J1 y F. De no cumplir con estos requisitos, la universidad no podrá recuperar su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, lo que obligaría a los actuales alumnos internacionales a transferirse o perder su estatus legal.
“Este es un mensaje claro de que la Administración hará cumplir la ley y erradicará los males del antisemitismo y el antiamericanismo en los campus”, afirmó Noem. La medida se enmarca en una ofensiva más amplia contra las universidades que, según el Gobierno, no promueven una suficiente “diversidad de ideas” o aplican políticas de “discriminación positiva”.
Harvard, junto con Columbia y Princeton, figura entre los centros señalados por el Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, impulsado por Trump.
El foco de las acusaciones recae, sobre todo, en las protestas propalestinas, que se han multiplicado en el último año en distintas universidades, y que la Casa Blanca interpreta como actos antisemitas. En respuesta, Harvard presentó una demanda contra la Administración para recuperar su financiación federal, suspendida bajo acusaciones similares.
Respuesta judicial
La escalada llegó a los tribunales. Un juez federal de California, Jeffrey S. White, ordenó este jueves al Gobierno de Trump frenar la revocación de visados para estudiantes extranjeros. El fallo protege a los demandantes y a todos los alumnos en situación similar en el país, argumentando que la política gubernamental “ha causado estragos” en sus vidas.
El caso se basa en una demanda presentada por estudiantes tras la modificación de su estatus dentro del programa SEVI, y es el único hasta ahora que solicita un alivio con efectos nacionales. El juez White prohibió al DHS y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizar detenciones, traslados o imponer consecuencias legales adversas a los estudiantes afectados mientras se resuelve el fondo del caso.
A pesar de estas decisiones judiciales, la Administración Trump ha seguido adelante con una política de cancelación de visados que, según el secretario de Estado Marco Rubio, ha supuesto ya la retirada de “miles” de permisos. “Una visa no es un derecho, es un privilegio”, enfatizó Rubio en el Senado.
